Perecen Áreas Verdes

Formando Opinión: e-consulta, 2 abril 08, Mónica Camacho y Fernando Pérez Corona. Áreas verdes de la reserva Atlixcáyotl, presa de especulaciones inmobiliarias. El Fideicomiso de la Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl tiene la intención de autorizar la construcción de fraccionamientos y centros comerciales en predios originalmente previstos como áreas verdes, después que la Sedesol federal aprobó la solicitud de cambio de usos de suelo en la zona. Lo anterior fue denunciado por la presidenta del Patronato Puebla Verde, Verónica Mastretta, el ex alcalde y representante del Grupo G2G, Gabriel Hinojosa, y el diputado local, José Manuel Pérez, quienes exigieron la desaparición del organismo para acabar con las especulaciones inmobiliarias. Las razones que el Fideicomiso encabezado por Rafael Moreno Valle Buitrón usó para pedir la modificación del uso de suelo están sustentadas en que en el sexenio pasado el gobierno estatal permitió la construcción del Hospital Ángeles, viviendas y otros inmuebles en 30 hectáreas de la reserva, las cuales estaban destinadas originalmente como parques y jardines. Para realizar el reordenamiento en esta superficie, el gobierno estatal explicó a la dependencia federal la necesidad de usar las últimas 30 hectáreas previstas como áreas verdes, donde serían edificados conjuntos residenciales de lujo y centros comerciales. A cambio, el Fideicomiso plantea la creación de dos parques metropolitanos, que serán entregados en comodato al ayuntamiento de Puebla por un plazo de 99 años. Aquí el problema se complica, pues para pagar parte de la “indemnización ecológica” a la Sedesol, el Fideicomiso usaría el predio de 42 mil 913 metros cuadrados ubicado en la calle Independencia 1902 “A”, colonia Castillotla, sobre el cual pesa un fraude millonario. Como se recordará hace un mes e-consulta reveló que la “Inmobiliaria Las Carmelitas” vendió en 50 millones de pesos la superficie, pese a que formaba parte del patrimonio del Instituto Poblano de la Vivienda (IPV). En este sentido, Carlos Meza Viveros confirmó que su notaría elaboró las escrituras del inmueble y que después supo que era propiedad del IPV, aunque –aclaró– su labor como fedatario público se hizo conforme a la ley. Por ello, ofreció ayuda al entonces director del organismo Óscar Aguilar González. “No recibí respuesta alguna”, explicó. Meza Viveros no dejó el caso y presentó una queja ante la Fiscalía Anticorrupción, a cargo de Nicolás Vázquez Alonso, para deslindar responsabilidades, sin que a la fecha haya una respuesta oficial. Por lo anterior, Mastretta, Hinojosa y Pérez ofrecieron una rueda de prensa para pedir a Sedesol “dar marcha atrás” a la autorización para los nuevos cambios de uso de suelo; pero antes consideraron necesario que la dependencia señale “en los planos las 200 hectáreas de áreas verdes, así como las de equipamiento, que según el decreto expropiatorio debe tener la reserva territorial; y exigieron una explicación de las modificaciones. Para Moreno Valle Buitrón, “no hay nada ilícito” en este tema. Empero, opinó que resulta necesario dejar en claro “quién y cuándo se permitieron construcciones” en áreas verdes. Por ello, garantizó transparencia en las ventas de los lotes y la creación de los parques metropolitanos, los cuales sumarán sólo 14 hectáreas, “estarán muy bien planeados y ubicados”. Durante la entrevista con e-consulta, explicó que el tema fue manejado con sigilo “por estrategia comercial”. Rechazó que haya un negocio particular de por medio. Garantizó que serán respetados el Jardín del Arte y Valle Fantástico. Y subrayó que, hasta el momento, no hay nada en venta ni una lista de posibles compradores. La expropiación. El 4 de mayo de 1992, el Congreso local aprobó la expropiación de mil 81 hectáreas de los municipios de San Andrés Cholula, San Bernardino Tlaxcalancingo, Santiago Momoxpan y La Trinidad Chiautenco. En el proyecto original estaban previstas 200 como áreas verdes y equipamiento. A la fecha sólo quedan 12 en el llamado Jardín del Arte. El 19 de octubre pasado, Moreno Valle Buitrón giró el oficio FPRTQA/DG/ 512/2007 a la Sedesol para informar sobre “el proceso de adecuación al Programa Subregional de Desarrollo Urbano que regula la Reserva Territorial Atlixcáyotl–Quetzalcóatl, (RTAQ), localizada en la Zona Metropolitana de Puebla”. La respuesta de la Sedesol –a través del director general de Desarrollo Urbano y Suelo, José Luis Llobera Abreu– llegó el 25 de febrero en el oficio 312.223/2008, en la cual reconoce que el gobierno del estado puede usar la zona expropiada como causa de utilidad pública como decida, pues está regulada por el Programa Parcial de Crecimiento, que contempla a los municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula. “Con base en lo anterior, esta secretaría considera que los cambios de uso de suelo propuestos por el gobierno del estado de Puebla, a través del Fideicomiso Público de la Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl, se enmarcan en lo previsto por los Decretos Expropiatorios que le dieron origen como reserva territorial, por lo que resulta procedente su implementación”. La autorización federal pasó por encima de la oposición de la delegada Sedesol, Anahí Romero Alonso. Entre sus argumentos, destacó un sondeo telefónico entre vendedores inmobiliarios, pues en la zona de reserva, el metro cuadrado cuesta 4 mil 500 pesos, y sólo 700 en Las Carmelitas, donde está previsto uno de los parques metropolitanos. Las Carmelitas. En este sentido, cabe recordar que el pasado 4 de marzo, Meza Viveros confirmó que su notaría elaboró las escrituras del predio en cuestión. Relató que los dueños originales eran José Víctor Alvarado López y María Rufino Martínez Domínguez, quienes fueron reconocidos como tales en 2000 por el notario Geudiel Jiménez Covarrubias. Asimismo, agregó que el documento expedido como fedatario público estuvo fundado “en un certificado de propiedad expedido por el Registro Público de la Propiedad –8 de junio de 2001–”, y permitió al entonces presidente municipal Mario Marín Torres otorgar el uso de suelo y la densidad para la construcción de 159 viviendas de interés social. Dos días después, Aguilar González admitió que desconocía la transacción. Por ello, pidió tiempo para investigar, pues la única información sobre el tema versaba sobre que una empresa trató de construir en el predio de referencia y que detuvo los trabajos ante la inconformidad oficial. Incluso, expresó su sorpresa por las declaraciones de Meza Viveros. Empero, el entonces funcionario estatal dejó el cargo para asumir la Presidencia de la Fundación Colosio, sin resolver el problema.