Esta es la imagen de Códice Mendoza donde se representa el glifo de México en el centro del Anahuac

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El águila está sustentada en el nopal. La tuna, fruto del nopal, representa el corazón humano, y por lo tanto es una representación de la creencia azteca del sacrificio humano y ofrenda del corazón para garantizar el don de un nuevo día.
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21 de abril de 2008

Balas impunes silencian la voz triqui

Formando opinión: Tensión tras el asesinato de dos comunicadoras de San Juan Nopala; amenazas oficiales. Blanche Petrich/ I (Enviada). San Juan Copala, Oaxaca. La radio comunitaria La voz que rompe el silencio, la cual transmitía su señal en idioma triqui desde el municipio autónomo de San Juan Copala hacia una docena de pueblos enclavados entre los cerros colindantes, salió del aire el 7 de abril, poco después de las cinco de la tarde. Adolfo y Bernabé, los dos locutores que estaban a cargo de la austera cabina, al conocer la noticia de que sus compañeras Teresa Bautista y Felícitas Martínez habían sido asesinadas en una emboscada, apagaron los micrófonos y el transmisor. Enmudecieron. Desde entonces ni ellos ni su radio –un proyecto de comunicación que apenas tenía tres meses de vida y al que definen como “un ala de nuestra experiencia autonómica”– no han recuperado el habla. El jueves pasado, frente a una docena de periodistas y dos visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que atravesaron el nudo montañoso de la sierra mixteca para bajar a la hondonada de Copala, Adolfo trata de decir algo. Pese a sus esfuerzos la voz se le atora en la garganta. Debe-rían haber estado a su lado, para hablar con la prensa, los padres de Tere y Feli, pero no acudieron. “Gente del gobierno de Ulises Ruiz los contactó para amenazarlos. Les dijeron que si hablaban corrían peligro; si callaban, recibirían recursos”, denuncia Jorge Albino, de la comisión de comunicación del municipio autónomo. Era el miedo que rompe la voz. Hasta que aparece, inesperada, la pequeña figura de Gregoria Agustina, con las trenzas blancas deshechas. Pasa al frente del palacio municipal, rodeada de decenas de mujeres como ella, silenciosas. Amorosamente desdobla y extiende un vestido rojo, el típico traje triqui, bordado en telar. Cinco rasgaduras en la parte media trasera del tejido –los cinco orificios de las balas que mataron a su nieta Felícitas– dicen más que las palabras. Ni siquiera hay rastros de sangre. La abuelita, que se hizo cargo de Feli y su hermana Laura a la muerte de su madre, hace tres años, lo lavó hasta borrar la última mancha. ¿Cómo iba a dejar que el vestido que llevaba Feli el día de su muerte quedara sucio? Fue el silencio de Gregoria el que rompió el miedo. Los visitadores de la CNDH tuvieron que tomar nota del reclamo de Jorge Albino, coordinador de la radio comunitaria del municipio autónomo: “No queremos que aquí le echen tierra a la muerte de nuestras compañeras como le hicieron en la Zongolica”, la sierra nahua de Veracruz, donde la versión del gobierno federal y del presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, de la “muerte por gastritis” de la anciana Ernestina Ascensión se impuso mediante esa pinza de amenazas y ayudas económicas que terminó por silenciar la denuncia de su familia, en el pueblo de Soledad Atzompa. El gobierno autónomo solicita que la Procuraduría General de la República, a través de la fiscalía para delitos contra periodistas, atraiga el caso, porque no confían en la justicia estatal. En Oaxaca, el procurador general de Justicia, Evencio Nicolás Martínez Rodríguez, dio la clave de hacia dónde se dirige la averiguación al declarar que el atentado “no era contra las locutoras, sino contra Francisco Vázquez”, empleado del Registro Civil que conducía el vehículo en el que viajaban. Él, su esposa Cristina y Jaciel, uno de sus pequeños hijos, siguen internados en un hospital de Oaxaca, pero hasta ahora no han sido interrogados. Acusaciones y venganzas sin fin. Desde finales de los años 90 el movimiento social de los triquis vive enfrentado y atrapado en una cadena incesante de hechos violentos, acusaciones mutuas, venganzas sin fin. La temprana muerte de Felícitas y Teresa, activas en el proceso autonómico, tiene su contraparte de dolor. El 5 de julio del año pasado dos jóvenes, Virginia y Daniela Ortiz, hermanas de 20 y 14 años, originarias del pueblo El Rastrojo, fueron secuestradas. Son hijas de un dirigente del MULT. Desde entonces están desaparecidas. En este caso también es muy poco lo que la procuraduría estatal ha hecho para ubicarlas, pese al peregrinar de su madre y sus primas, que no han dejado de tocar puertas reclamando la aparición de las muchachas. La familia de las dos hermanas acusa al MULT-I de la desaparición. Cada organización carga, así, con sus agravios. Cada una acusa a la contraria de ser “priísta y paramilitar”. Las dos fuerzas se dicen de izquierda. Las dos participan en la otra campaña del zapatismo, que en su último encuentro de pueblos indios en Vícam, Sonora, intentó sin lograrlo reconciliar a los hermanos enemistados. En esta ocasión, el MULT protestó por la atención que la prensa y los organismos de derechos humanos han prestado al asesinato de las locutoras. Se trata, dijo en un comunicado, de “una campaña de desprestigio y linchamiento político contra el MULT-UP, con el fin de preparar las condiciones de represión policiaca militar en la región”, orquestada “desde el poder y ejecutada por las balas asesinas de un grupo de priístas denominado UBISORT-MULTI”. Son 500 kilómetros cuadrados de territorio triqui que suben y bajan de los cerros áridos y espinudos, una isla cultural en el corazón de la Mixteca oaxaqueña. Son 36 barrios, nueve agencias municipales y una sola presidencia municipal en Copala, en la Trique Baja, más fértil, con las mejores tierras y, por tanto, con mayores conflictos. Pero Copala, por su autonomía, no recibe ningún recurso del estado, sobre todo porque el MULT, su archienemigo, participa en el cabildo de Juxtlahuaca, donde se deciden las partidas presupuestarias. Catorce comunidades se alinean con el MULT-UP y 18 con los autónomos. Los cementerios de cada pueblo reciben, de tanto en tanto, los cuerpos de nuevas víctimas, de uno y otro bando, caídas en las temibles emboscadas que perpetran pistoleros a sueldo, con cuernos de chivo. El MULT original, que nació en 1981 después de un largo proceso de resistencia y organización contra los caciques, pagó, en su momento, una muy alta cuota de sangre. Francisco López Bárcenas, abogado mixteco y autor de numerosas investigaciones sobre el proceso de resistencia de esa región, recuerda que la última gran marcha del movimiento triqui, antes de la ruptura, fue en 1987. Al año siguiente, con el gobierno estatal de Heladio Ramírez, llegaron grandes sumas de dinero a despertar el apetito de sus dirigentes. A finales de la década se registra una violencia inédita en los pueblos y sus veredas, sobre todo violaciones tumultuarias contra mujeres. El ala oficialista decide, en 2000, formar un partido político, Partido de Unidad Popular (PUP). Los enconos empiezan a provocar choques violentos. En 2005 son asesinados dos muchachos que trabajaban –como miles de jóvenes triquis y mixtecos– en Estados Unidos y que habían llegado a celebrar las fiestas patronales. Eran los hijos de los dirigentes Timoteo Alejandro Ramírez y de José Albino, que acusaron a la corriente del PUP de encubrir a los pistoleros. En marzo de 2006 se hace pública la ruptura. El camposanto de San Juan queda en la ladera de un cerro con pinos, pasando el río. Las tumbas de las señoritas Teresa y Felícitas aún tienen frescas las flores. En una hay, todavía, plumas y rastros de sangre de una gallina sacrificada. Unos dicen que es una costumbre local, para que el mal no se lleve el alma de la difunta. Otros murmuran, por lo bajo, que los restos del sacrificio denotan la promesa de una venganza. Gregoria Agustina y Emiliano Celestino muestran las vestimentas que portaba Felícitas Martínez, locutora de la radio comunitaria La voz que rompe el silencio, al ser asesinada a tiros junto con su compañera Teresa Bautista, el 7 de abril, en Oaxaca Foto Marco Peláez.

2 de abril de 2008

Ciudad Patrimonio en Riesgo

Formando Opinión: La Quinta Columna, 2 abril 08, Olivia López Pescador. Veta ICOMOS construcción del Centro Expositor. El organismo de la UNESCO considera que el proyecto marinista arriesga el título de Puebla de “Ciudad Patrimonio de la Humanidad”. La construcción del Centro Expositor, uno de los macroproyectos marinistas, en la zona de Los Fuertes podría provocar que la UNESCO retire a Puebla el título de “Ciudad Patrimonio de la Humanidad”, advirtió Javier Villalobos presidente del Comité Nacional Mexicano del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios ICOMOS, organismo de la UNESCO. En conferencia de prensa, Villalobos acusó a Javier García Ramírez, secretario de Obras Públicas de desconocer los lineamientos para trabajar con conjuntos, inmuebles o sitios considerados Patrimonio de la Humanidad, por lo que consideró que tanto el gobierno marinista como el INAH están actuando de manera irresponsable. En tanto, Eduardo Carranza Luna de ICOMOS Puebla reveló al gobierno del estado que están poniendo en riesgo el título de Ciudad Patrimonio de la humanidad, pero que hasta la fecha no han tenido ninguna respuesta. Por esta situación, el Comité Nacional Mexicano ha solicitado a la UNESCO que agende el tema de Puebla en la próxima reunión del Comité de Patrimonio Mundial.

Perecen Áreas Verdes

Formando Opinión: e-consulta, 2 abril 08, Mónica Camacho y Fernando Pérez Corona. Áreas verdes de la reserva Atlixcáyotl, presa de especulaciones inmobiliarias. El Fideicomiso de la Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl tiene la intención de autorizar la construcción de fraccionamientos y centros comerciales en predios originalmente previstos como áreas verdes, después que la Sedesol federal aprobó la solicitud de cambio de usos de suelo en la zona. Lo anterior fue denunciado por la presidenta del Patronato Puebla Verde, Verónica Mastretta, el ex alcalde y representante del Grupo G2G, Gabriel Hinojosa, y el diputado local, José Manuel Pérez, quienes exigieron la desaparición del organismo para acabar con las especulaciones inmobiliarias. Las razones que el Fideicomiso encabezado por Rafael Moreno Valle Buitrón usó para pedir la modificación del uso de suelo están sustentadas en que en el sexenio pasado el gobierno estatal permitió la construcción del Hospital Ángeles, viviendas y otros inmuebles en 30 hectáreas de la reserva, las cuales estaban destinadas originalmente como parques y jardines. Para realizar el reordenamiento en esta superficie, el gobierno estatal explicó a la dependencia federal la necesidad de usar las últimas 30 hectáreas previstas como áreas verdes, donde serían edificados conjuntos residenciales de lujo y centros comerciales. A cambio, el Fideicomiso plantea la creación de dos parques metropolitanos, que serán entregados en comodato al ayuntamiento de Puebla por un plazo de 99 años. Aquí el problema se complica, pues para pagar parte de la “indemnización ecológica” a la Sedesol, el Fideicomiso usaría el predio de 42 mil 913 metros cuadrados ubicado en la calle Independencia 1902 “A”, colonia Castillotla, sobre el cual pesa un fraude millonario. Como se recordará hace un mes e-consulta reveló que la “Inmobiliaria Las Carmelitas” vendió en 50 millones de pesos la superficie, pese a que formaba parte del patrimonio del Instituto Poblano de la Vivienda (IPV). En este sentido, Carlos Meza Viveros confirmó que su notaría elaboró las escrituras del inmueble y que después supo que era propiedad del IPV, aunque –aclaró– su labor como fedatario público se hizo conforme a la ley. Por ello, ofreció ayuda al entonces director del organismo Óscar Aguilar González. “No recibí respuesta alguna”, explicó. Meza Viveros no dejó el caso y presentó una queja ante la Fiscalía Anticorrupción, a cargo de Nicolás Vázquez Alonso, para deslindar responsabilidades, sin que a la fecha haya una respuesta oficial. Por lo anterior, Mastretta, Hinojosa y Pérez ofrecieron una rueda de prensa para pedir a Sedesol “dar marcha atrás” a la autorización para los nuevos cambios de uso de suelo; pero antes consideraron necesario que la dependencia señale “en los planos las 200 hectáreas de áreas verdes, así como las de equipamiento, que según el decreto expropiatorio debe tener la reserva territorial; y exigieron una explicación de las modificaciones. Para Moreno Valle Buitrón, “no hay nada ilícito” en este tema. Empero, opinó que resulta necesario dejar en claro “quién y cuándo se permitieron construcciones” en áreas verdes. Por ello, garantizó transparencia en las ventas de los lotes y la creación de los parques metropolitanos, los cuales sumarán sólo 14 hectáreas, “estarán muy bien planeados y ubicados”. Durante la entrevista con e-consulta, explicó que el tema fue manejado con sigilo “por estrategia comercial”. Rechazó que haya un negocio particular de por medio. Garantizó que serán respetados el Jardín del Arte y Valle Fantástico. Y subrayó que, hasta el momento, no hay nada en venta ni una lista de posibles compradores. La expropiación. El 4 de mayo de 1992, el Congreso local aprobó la expropiación de mil 81 hectáreas de los municipios de San Andrés Cholula, San Bernardino Tlaxcalancingo, Santiago Momoxpan y La Trinidad Chiautenco. En el proyecto original estaban previstas 200 como áreas verdes y equipamiento. A la fecha sólo quedan 12 en el llamado Jardín del Arte. El 19 de octubre pasado, Moreno Valle Buitrón giró el oficio FPRTQA/DG/ 512/2007 a la Sedesol para informar sobre “el proceso de adecuación al Programa Subregional de Desarrollo Urbano que regula la Reserva Territorial Atlixcáyotl–Quetzalcóatl, (RTAQ), localizada en la Zona Metropolitana de Puebla”. La respuesta de la Sedesol –a través del director general de Desarrollo Urbano y Suelo, José Luis Llobera Abreu– llegó el 25 de febrero en el oficio 312.223/2008, en la cual reconoce que el gobierno del estado puede usar la zona expropiada como causa de utilidad pública como decida, pues está regulada por el Programa Parcial de Crecimiento, que contempla a los municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula. “Con base en lo anterior, esta secretaría considera que los cambios de uso de suelo propuestos por el gobierno del estado de Puebla, a través del Fideicomiso Público de la Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl, se enmarcan en lo previsto por los Decretos Expropiatorios que le dieron origen como reserva territorial, por lo que resulta procedente su implementación”. La autorización federal pasó por encima de la oposición de la delegada Sedesol, Anahí Romero Alonso. Entre sus argumentos, destacó un sondeo telefónico entre vendedores inmobiliarios, pues en la zona de reserva, el metro cuadrado cuesta 4 mil 500 pesos, y sólo 700 en Las Carmelitas, donde está previsto uno de los parques metropolitanos. Las Carmelitas. En este sentido, cabe recordar que el pasado 4 de marzo, Meza Viveros confirmó que su notaría elaboró las escrituras del predio en cuestión. Relató que los dueños originales eran José Víctor Alvarado López y María Rufino Martínez Domínguez, quienes fueron reconocidos como tales en 2000 por el notario Geudiel Jiménez Covarrubias. Asimismo, agregó que el documento expedido como fedatario público estuvo fundado “en un certificado de propiedad expedido por el Registro Público de la Propiedad –8 de junio de 2001–”, y permitió al entonces presidente municipal Mario Marín Torres otorgar el uso de suelo y la densidad para la construcción de 159 viviendas de interés social. Dos días después, Aguilar González admitió que desconocía la transacción. Por ello, pidió tiempo para investigar, pues la única información sobre el tema versaba sobre que una empresa trató de construir en el predio de referencia y que detuvo los trabajos ante la inconformidad oficial. Incluso, expresó su sorpresa por las declaraciones de Meza Viveros. Empero, el entonces funcionario estatal dejó el cargo para asumir la Presidencia de la Fundación Colosio, sin resolver el problema.

30 de marzo de 2008

Defender Reservas Ecológicas causa de represión en México

Formando Opinión: La Jornada, 29 marzo 08, Ulises Gutiérrez Ruelas (Corresponsal Hermosillo, Son). Al menos 6 opositores al proyecto Musas enfrentan procesos penales. Protestan decenas por represión contra defensores del Parque Villa de Seris. Rosario Ibarra de Piedra y una ecologista ex presa participan en la cruzada. Decenas de personas efectuaron hoy un foro contra la represión y una manifestación para denunciar los procesos judiciales que enfrentan seis integrantes del Comité por Defensa del Parque de Villa de Seris –quienes fueron detenidos y luego liberados bajo fianza–, durante una protesta contra la destrucción de esa área verde. La senadora Rosario Ibarra de Piedra manifestó que la lucha por el Parque Villa de Seris en Hermosillo –donde las autoridades pretenden transplantar más de 400 árboles para construir el complejo cultural Musas (Música, arte y exposiciones)–, es una de las cruzadas más dignas que ha observado, y por eso viajó a la entidad para solidarizarse con los “perseguidos por autoridades y gente con poder”. Al participar en el foro, dijo que observa la persecución gubernamental contra quienes se convierten en luchadores sociales y expuso que en los siete años recientes ha habido más de 95 personas desaparecidas. “Sólo en Cadereyta, Nuevo León, hay 18 petroleros desaparecidos y la prensa no publica una sola línea; sus familiares han hecho grandes reclamos y nadie responde”, agregó. Luego del foro, efectuado en el área de Sociología de la Universidad de Sonora, Ibarra de Piedra encabezó una manifestación de unas 80 personas rumbo al palacio de gobierno, donde protestaron durante casi una hora. A Ibarra de Piedra la acompañó Adriana González Celaya, quien estuvo presa durante dos semanas acusada de obstaculizar la realización de una obra pública (la destrucción del parque Villa de Seris) y agredir a policías. González Celaya, quien salió libre cuando el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Ernesto de Lucas Hopkins, pagó su fianza, dijo que valió la pena su detención pues ha ayudado a crear conciencia en la lucha contra la muerte de cientos de árboles. “Yo creo que a veces a los ciudadanos no nos dejan otra vía que la protesta y las medidas extremas como iniciar una huelga de hambre; pero si ese es el precio que uno tiene que pagar como ciudadano para despertar esa conciencia sobre la necesidad de participación y la importancia de la unión, pues entonces vale la pena”, señaló. “Al operar el gobierno para lograr mi libertad tácitamente admiten que eran falsos los cargos en mi contra”, concluyó.

27 de marzo de 2008

La Gestión del Secretario de Cultura acorde con las espectativas de Mario Marin en Materia de Cultura

Formando Opinión: e-consulta, 26 Marzo 08, Juan Pablo Proal. Ratas y humedad dañan libros adquiridos en 15 mdp el sexenio pasado. Amontonados en cajas de cartón, expuestos a la humedad y con roedores carcomiendo sus páginas, está en riesgo de desaparecer gran parte de los 75 mil libros editados en el siglo XIX y adquiridos por la Secretaría de Cultura (SC). Se trata de la colección del literato ecuatoriano Fernando Tola de Habich, comprada por el gobierno en 2002 por la suma de 15 millones de pesos. Los volúmenes, en su mayoría, consisten en primeras ediciones correspondientes al siglo XIX. Coexisten libros de historia, literatura, cartomancia y cartografía. Juan Gerardo Sampedro, ex director de Literatura, Ediciones y Bibliotecas de la SC, denunció que los ejemplares están en severo deterioro, hacinados en un cuarto ubicado en San Pedro Museo de Arte. Advirtió que incluso tiene información de que la habitación está plagada de roedores que carcomen las hojas de las ediciones. La bodega está resguardada con candados y sus vidrios están cubiertos con papel. Alrededor del cuarto, ubicado cerca de la oficina de Culturas Populares, se observa el descuido del inmueble, con paredes despintadas, basura, polvo e incluso hedor a orines. En 2002 el entonces secretario de Cultura, Pedro Ángel Palou García, tomó la decisión de comprar la biblioteca especializada de Tola de Habich, quien ahora radica en España. Los libros estaban conservados en Santa Rita Tlahuapan, y acudían a consultarlos intelectuales de la talla de Marco Antonio Campos y Vicente Quirarte. Los ejemplares fueron colocados de forma ordenada –subraya Sampedro– en un salón de dicho museo. Sin embargo, en 2005, con el arribo del actual secretario de Cultura, Alejandro Montiel Bonilla, los volúmenes fueron amontonados en cajas para empacar huevo y cambiados a una oficina húmeda. Por tratarse de una biblioteca de fondo antiguo (aquellas que contienen libros anteriores al siglo XX) requiere un tratamiento especial para su conservación.

25 de marzo de 2008

Despotismo de la Secretaría de Cultura en Puebla

Formando Opinión: La Quinta Columna, 25 marzo 08, Edmundo Velázquez. Provoca Montiel despido del director de Culturas Populares. “Soy incómodo para el secretario”, asegura Gerardo Pérez. La dependencia envió a un “encargado de despacho” para que el funcionario dejara el puesto debido a que es incómodo para el secretario de Cultura. Mientras tanto, Gerardo Pérez se mantienen como “comisionado” de la dependencia y no ha renunciado al cargo. Gracias a una serie de intrigas del secretario de Cultura, Alejando Montiel Bonilla, el jefe de la unidad Puebla de Culturas Populares, Gerardo Pérez, fue relegado por la dirección general de la dependencia federal. La secretaría envió a un “encargado de despacho” para que el funcionario dejara el puesto debido a que es incómodo para el titular de Cultura. Mientras tanto, Gerardo Pérez se mantienen como “comisionado” de la dependencia, no ha renunciado al cargo y se reserva su derecho a actuar legalmente en contra del secretario Montiel. Según detalló en entrevista el funcionario federal, el 13 de marzo le fue notificado por un coordinador de Culturas Populares —de quien se reservó el nombre— que debía renunciar debido a que tenía “problemas administrativos”, esto a pesar de que la dependencia nunca informó de algún problema con la unidad que dirige desde 2004. Debido a que el representante de Culturas Populares no dio argumentos sólidos para pedir la renuncia, Gerardo Pérez se negó a firmar el documento. “Había quejas del señor secretario de Cultura en mi contra, entonces querían mejorar las relaciones entre la DCP y la Secretaría de Cultura, para lo que yo soy un obstáculo. Palabras más, palabras menos… Fue una petición de renuncia verbal”, detalló Pérez. Luego que se rechazó a negociar su renuncia, el representante de Culturas Populares le indicó a Gerardo Pérez que mientras tanto serían una especie de “comisionado” en unidad de Puebla. Mientras tanto la oficina central nombró un “encargado de despacho”, a pesar de que se carece de un procedimiento de entrega-recepción o una renuncia. Como encargado de despacho se presentó un funcionario enviado desde el Distrito Federal llamado Roberto Villaseñor. Gerardo Pérez se mantiene laborando en unidad de Culturas Populares, pero en breve se entrevistará con la directora nacional de la dependencia, María Antonieta Gallart Noccetti, para conocer cuál es su verdadera situación. Sin embargo, al momento Roberto Villaseñor se mantiene en una duplicidad de funciones con las que cumple Gerardo Pérez. Cabe recordar que Gerardo Pérez es funcionario federal, aunque el secretario Montiel impuso un veto hacia él. El despido solamente podrá ser efectuado por autoridades federales que realmente tengan ingerencia en el organigrama de la oficina de Culturas Populares. Los incómodos de Montiel. Un hecho a destacar es que Montiel ha provocado la salida de varios funcionarios que le resultaban incómodos en la Secretaría de Cultura, entre ellos se encuentran: Ricardo Vázquez. Fungía como Administrador General de la Secretaría de Cultura. Víctor Manuel Carreto Chalini. Trabajaba como jefe de Recursos Humanos. Moisés Ramos Rodríguez. Era director de Comunicación Social. Delia Domínguez Cuanalo. Laboraba como directora de Museos y Bienes Artísticos. Marco Rodríguez Alcaraz. Era el titular de la Cinemateca Luis Buñuel. Juan Gerardo Sampedro. Subdirector de Ediciones. Ruth Becerra. Ex directora de Recursos Humanos. Mauricio Pardo. Ex director del Festival Internacional de Puebla. ALEJANDRO MONTIEL DISPLICENTE frente a Cayuqui auténtico promotor y resguardo de la Cultura en Puebla con su trabajo para la festividad Atlixcayotl, la diferencia con Gerardo Pérez Muñoz es que a él sí lo puede despedir y a Cayuqui lo mantiene marginado. Foto-Comentario J Gabriel Salazar M.

24 de marzo de 2008

Secretaría de Cultura contra Culturas Populares

Formando Opinión: La Jornada de Oriente, 24 marzo 08, Cuitlatlán, Fermín Alejandro García. Acoso del secretario de Cultura contra coordinador de Culturas Populares. Este fin de semana se ha sabido que el secretario de Cultura, Alejandro Montiel Bonilla, fiel a su estilo, de nueva cuenta ha desatado una campaña de intrigas contra quienes considera sus “enemigos”. Ahora, ese acoso está dirigido contra Gerardo Pérez Muñoz, el jefe de la Unidad de Culturas Populares e Indígenas en Puebla, a quien le han exigido su renuncia bajo una serie de acusaciones absurdas, siendo la principal “que no le cae bien al secretario de Cultura”. Este hecho es muy similar al que ocurrió con Roberto Martínez Garcilazo, director de Literatura, Ediciones y Bibliotecas, a quien Montiel quiso remover de manera arbitraria y sin darle la cara. Cuando se intentó perpetrar el despido, el caso trascendió a la prensa y como no había una causa que justificara ese comportamiento, el titular de la SC tuvo que recular. Ahora pasa lo mismo. Un funcionario de la Dirección de Culturas Populares e Indígenas (DCPI) proveniente de Querétaro se presentó ante Gerardo Pérez para exigirle su renuncia, entre otras causas, porque Alejandro Montiel ya no lo quiere. El burócrata de la DCPI esgrimió los argumentos más absurdos, como señalar que Gerardo Pérez por ser de filiación perredista ya no podía seguir en el puesto. Además de señalar algunos hechos que serían de la vida personal del agraviado. Para sorpresa de quien vino a exigirle la renuncia a Gerardo Pérez, éste no se la entregó, pero además le respondió a cada una de las acusaciones en su contra. Como es el hecho de que tiene varios años de no participar en la vida interna del PRD y argumentarle que aunque fuera miembro activo del PRD, esa no es una causa viable para correr a alguien de su puesto en la administración pública. El fondo de este asunto, es que en la SC existe una política de terror contra quienes no son lisonjeros con Montiel. Quienes no son del agrado del secretario se les inventa todo tipo de calumnias y se les amedrenta para que se vayan. Nunca les da la cara Alejandro Montiel. Nunca es capaz de recriminar algo de frente. Siempre está escondido y no ofrece explicación de sus actos a la prensa. Lo de menos es el comportamiento de avestruz del secretario de Cultura, lo grave es que por esa razón se sabe poco o casi nada del destino que tiene la mayor parte del presupuesto de esta dependencia. Por eso resulta risible que a Gerardo Pérez le digan que lo van a correr porque no se observa el trabajo que ha hecho. Cuando las cosas son al revés, no se sabe qué hace Alejandro Montiel al frente de la Secretaría de Cultura. No se tiene un plan programático de esta dependencia y se ignora cuáles son los avances en la materia de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo. Aunque parezca tonto, las razones por las cuales Alejandro Montiel quiere la cabeza de Gerardo Pérez es que en Culturas Populares sí hay trabajo y avances en los proyectos. El encargado de la SC quiere quitar al titular de la Unidad de Culturas Populares para que ésta sea controlada por él o por una persona afín al funcionario. De esa manera, la Secretaría de Cultura se podría apropiar de proyectos como son los encuentros de médicos tradicionales, de los talleres de capacitación para promotores indígenas, y del premio para creadores indígenas, entre otros tantos esfuerzos que se han hecho bajo la conducción de Gerardo Pérez. Esos proyectos sí quedaran en manos de la SC servirían para algo muy elemental, se justificaría mucho del destino del presupuesto de la secretaría. Esa es una de tantas especulaciones que se pueden hacer respecto a la última campaña de acoso desatada por Montiel Bonilla. Otra hipótesis es que la SC quiere el trabajo que se ha hecho en Culturas Populares simplemente para justificar que se trabaja en el algo. Dicho de otra manera, la SC se quiere robar los esfuerzos de Culturas Populares.

18 de marzo de 2008

¿Derechos Humanos Culturales en México?

Formando Opinión: Miguel Ángel Granados Chapa. Copyright © Grupo Reforma Servicio Informativo, fecha de publicación: 16 Mar. 08 Licencia para matar. Esta semana varias ejecuciones de activistas alertan sobre el nivel de violencia que padece el país. La abundancia de armas y la profusión de asesinatos ya no impactan a la sociedad, a pesar de que la cifra de muertos aumenta año con año. En lo que va de este año, 641 personas han sido ejecutadas por la delincuencia organizada. La cifra es 30 por ciento mayor a la del mismo periodo del año pasado, que fue de 427. En aquel entonces apenas comenzaba a desplegarse la estrategia del nuevo gobierno para combatir, más en los medios que en el terreno, la ola de inseguridad creciente en todo el país. Ese incremento revela la ineficacia real del aparatoso embate militar y policiaco. Por eso mismo, en los 14 meses y medio de la actual administración federal han sido asesinadas 3 mil personas en ajustes de cuentas o agresiones del crimen organizado. Son tantos muertos como los que ocurren en países crucificados por guerras intestinas o en la resistencia a la ocupación extranjera. Constituye la décima parte de los homicidios ocurridos en todo el continente americano: 300 mil personas mueren cada año por lesiones intencionales o no intencionales, según dijeron los ministros de Salud reunidos en Mérida esta semana. En toda América, la abundancia de armas y el alcoholismo cuentan entre los factores que han hecho de los homicidios por lesiones la cuarta causa de defunción. México no escapa a esa circunstancia general. Pero hay aquí una condición específica, la impunidad, una suerte de implícita licencia para matar, que da pábulo al crecimiento del número y gravedad de las ejecuciones. Es excepcional el caso, si hay alguno, en que los autores de crímenes cometidos por la delincuencia organizada son detenidos y sujetos a proceso. Con toda su trascendencia, el dato parece importar poco a la sociedad en general, preocupada y aun angustiada por ganar el pan de cada día, o distraída en ocios onerosos o en sueños de disfrutar de ocios onerosos. Pero el crimen impune no reconoce cotos, no se detiene en el territorio sustraído a la soberanía estatal donde actúan las bandas de matarifes. Un riesgo ya actualizado es que las víctimas de la violencia letal sean ultimadas en castigo a su activismo político y social. Sólo esta semana ocurrieron cuatro homicidios de esa naturaleza, que son pocos para indicar una tendencia, pero son demasiados al concentrarse en unas cuantas horas en regiones distantes del país. Tres de esos crímenes acontecieron el miércoles pasado, cerca de Córdoba, Veracruz, los dos primeros, y en la carretera mexiquense Chamapa-Lechería el tercero. En esos casos, las víctimas viajaban a bordo de sus vehículos y sus verdugos emparejaron los suyos para ultimarlos a balazos. El cuarto episodio tuvo lugar anteayer viernes, en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. El dirigente cañero del ingenio El Potrero, Antonio Gallardo Olayo, y el comisario ejidal Néstor Reyes, de la congregación Venta Parada, municipio de Atoyac, Veracruz, fueron baleados y muertos cuando viajaban a Córdoba. Los acompañaba una joven secretaria que resultó gravemente herida. El vehículo en que viajaban recibió 40 impactos, de los que 17 se destinaron a acabar con Gallardo Olayo, que manejaba su camioneta. Gallardo Olayo había fundado hace poco la Unión de Abastecedores y Productores de Caña en la región de influencia de esa fábrica de azúcar, tras haber salido de la organización cañera cenecista en la comarca, dominada por el diputado federal priista Daniel Pérez Valdez. A partir de la vigencia de la ley que rige la producción y el suministro de caña de azúcar, la representación de los cañeros se ha vuelto un privilegio y un problema. Dos grandes agrupaciones, afiliadas una a la Confederación Nacional de Propietarios Rurales, y otra a la Confederación Nacional Campesina, ostentan la representación de casi todo el campo cañero. La ley permite la organización de núcleos independientes, que deben satisfacer requisitos las más de las veces inabordables, por lo que muy pocos grupos que lo intentan consiguen su independencia. Gallardo Olayo, en un tiempo cercano a Pérez Valdez, había roto políticamente con él y se empeñaba en la creación de su propia unión cañera. La noche del propio miércoles, el abogado Fernando Mayén Sánchez fue asesinado mientras se dirigía a su domicilio en Atizapán de Zaragoza. Al día siguiente se realizaría una diligencia ante el Tribunal Agrario, central para la causa que desde un año antes era uno de los asuntos más importantes en la cartera del litigante. Mayén defendía a los comuneros de San Luis Ayucan contra un particular que pretendía derechos sobre terrenos de la comunidad y contra la empresa Confinam, que en acuerdo con el ayuntamiento de Jilotzingo construía un tiradero, cuyas obras están suspendidas merced a un amparo tramitado por Mayén. Éste había recibido, según comentó a sus familiares y allegados, varias amenazas para que se alejara de este caso. Reforma publicó, el 19 de enero, que el confinamiento de desechos industriales se halla cerca de una zona de manantiales y a menos de cinco kilómetros de la presa Madín (en cuyas inmediaciones fue asesinado el litigante), que surte de agua a los municipios de Atizapán, Naucalpan, Tlalnepantla, Isidro Fabela y el propio Jilotzingo. El viernes un comando armado sorprendió a las puertas de su casa, en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, a Armando Villarreal Martha. De 53 años de edad, Villarreal Martha era miembro del ejido Hidalgo, donde se dedicaba a la fruticultura, pero también era un activista. Encabezó un movimiento para demandar mejores tarifas eléctricas para el consumo agrícola, y en ese empeño, al frente de la Organización Agrodinámica Nacional, tomó una sede aduanal en Villa Ahumada, por lo que en 2002 se le aprehendió y quedó preso durante más de año y medio en Ciudad Juárez. Al quedar libre, se sumó a las protestas de los productores agrícolas contra la plena vigencia del Tratado de Libre Comercio, y fue uno de los miembros de la caravana que desde Chihuahua llegó a la Ciudad de México el 31 de enero. En fechas recientes había realizado un plantón ante una fábrica de petroquímicos en Ciudad Camargo, como protesta por la declinación de esa industria, que va en perjuicio de la actividad agrícola. La CNC, en la que no militaba Villarreal Martha, condenó su homicidio. Recordó que el dirigente "se distinguió siempre por su lucha por los más pobres, al grado de haber padecido la cárcel por esa causa, que ahora provoca su brutal asesinato". Subrayó asimismo la participación del dirigente "en la elaboración de la iniciativa de ley de energía para el campo (y) su lucha por tarifas justas de energía eléctrica en el área rural". En Guadalajara, el jueves pasado ocurrió otro episodio monstruoso, sin que sea claro el perfil de lo acontecido, pues puede ser un asalto de atracadores profesionales, o un caso de ajuste de cuentas entre narcotraficantes y hasta un ataque a la práctica de la abogacía. Un comando armado ingresó en la sede del despacho Rangel García y Asociados y "tras amordazar y maniatar a los litigantes y empleados presentes, los asesinó a balazos. Seis personas murieron allí mismo y una joven pasante de derecho que fue gravemente herida falleció al día siguiente. Sólo sobrevive, con serias lesiones, una secretaria. En el despacho se defendía a acusados notorios, como el general José de Jesús Gutiérrez Rebollo, durante muchos años jefe de zona y comandante de la región militar con sede en Guadalajara, que pasó de ser el principal funcionario en el combate al narcotráfico, el zar antidrogas, a sentenciado por su protección al Cártel de Juárez. Los abogados habían obtenido, apenas un mes atrás, una sentencia favorable al hijo de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, Iván Guzmán Salazar: sólo cinco años de prisión por lavado de dinero. La profusión de armas en todo el territorio nacional, la facilidad con que se desarrolla el contrabando a partir de la libertad de adquisición de toda suerte de armamento en los mercados formales y clandestinos en Estados Unidos son un factor principalísimo de la violencia delincuencial. Pero su causa más eficaz es la impunidad, como no dejaremos de repetir. Esa falta de castigo a los asesinatos engendra nuevos atentados contra la vida. Un distribuidor de droga que no paga a sus proveedores no puede ser llevado como deudor moroso ante la justicia: simplemente se le ultima. Es necesario que esa simpleza al decidir ejecuciones no se traslade al ámbito de la protesta social, del activismo gremial y político o profesional. Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com

17 de marzo de 2008

Empresarios vs Comunidades

Formando Opinión: La Jornada de Oriente, 17 marzo 2008. Javier Puga Martínez. En el marco del Día Mundial del Agua, que se celebrará el 22 de marzo, los pobladores de las comunidades de San Mateo Cuanalá, San Gabriel Onetoxtla, San Lucas Nextetelco y Santa María Zacatepec, pertenecientes al municipio de Juan Crisóstomo Bonilla, clausuraron ayer de manera simbólica a la empresa de agua embotellada Bonafont, la cual, aseguran, es una de las causantes de que los pozos artesanales de la zona se estén secando. Los vecinos aseguran que esa embotelladora funciona ilegalmente desde hace 16 años, cuando se instaló en el municipio y comenzó a extraer agua del acuífero del alto Balsas, pues no tiene el permiso necesario para funcionar como tal. Los campesinos entregaron a este diario una copia el oficio 011466/92, donde el entonces secretario de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue) del gobierno de Manuel Bartlett Díaz, Miguel Quirós Pérez, dictaminó que la embotelladora Arco Iris, propietaria de la marca Bonafont, no puede establecerse en un predio agrícola, aunque no prohíbe su instalación. La empresa ocupa una extensión de 9 mil 682 metros cuadrados y se localiza a la altura del kilómetro 96.1 de la carretera federal México–Puebla. “De acuerdo con lo dispuesto con el Programa de Ordenamiento Territorial de la región Cholula, Huejotzingo, San Martín Texmelucan, el predio en cuestión se ubica en una zona agrícola, resultando incompatible con el uso industrial que se le pretende dar al mencionado predio, por lo que es recomendable que la industria embotelladora se establezca en los corredores y zonas industriales decretadas”, señala el dictamen del entonces funcionario estatal. Aunque los pobladores no se explican cómo a pesar del dictamen la empresa se quedó ahí, afirman que la principal razón son los pozos que la embotelladora tiene, aunque desconocen el número. De lo que sí dijeron estar seguros, es que de ahí salen tráileres cargados con garrafones de agua Bonafont las 24 horas del día. En su propaganda, la empresa asegura que participa con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y con la conservación del medio ambiente “para evitar la desertificación de la tierra”. A unos metros de la embotelladora, las tierras de San Lucas Nextetelco se están convirtiendo “precisamente en eso, en un desierto por la falta de agua. Lo que antes eran grandes huertas de frutas como durazno, ciruela, manzana y nueces, ahora es pura tierra. Los árboles ya no quieren crecer por toda la contaminación y extracción de agua por parte de empresas como Hylsa”, afirmó Agustín Cibrián, defensor del agua y la tierra de esa junta auxiliar de Juan C. Bonilla. Los campesinos, más de 50 personas, llegaron a la empresa pasado el mediodía y colocaron una manta simbólica haciendo un momento para reflexionar sobre el futuro de la región cholulteca ante la escasez del líquido. Los guardias de seguridad privada que estaban custodiando el lugar intercambiaron palabras con los activistas exigiendo el retiro de una manta que colocaron, pero fueron algunas mujeres las que de inmediato protestaron y exigieron su derecho a manifestarse. El vigilante amagó a los manifestantes con sacarles fotos con su teléfono celular y presentárselas a sus patrones, “para demandarlos porque es propiedad privada”, pero el gendarme se dio cuenta en ese momento de que no sabía utilizar su aparato. El grupo de campesinos reiteró que el acto era pacífico, y para evitar problema alguno optó por retirarse. Sin embargo, anunciaron que a partir de este día comenzarán a organizarse para defender su patrimonio hídrico, por lo que en los próximos días darán a conocer una serie de acciones en defensa de lo que consideran les pertenece.

Otro Campesino Muerto...

Formando Opinión: La Jornada, 17 marzo 2008. Miroslava Breach Velducea. Miles de campesinos acuden al sepelio de Armando Villarreal Marta. El gobierno ordenó matar a líder agrario, aseguran en Chihuahua. Nuevo Casas Grandes, Chih., 16 de marzo. Miles de campesinos se congregaron hoy con tractores y maquinaria pesada para despedir al dirigente de la Organización Agrodinámica Nacional, Armando Villarreal Marta, asesinado el viernes en este poblado, y responsabilizaron a los gobiernos federal y estatal de lo que llamaron “crimen de Estado”. Los campesinos y productores señalaron que el gobierno federal es “el principal beneficiario” de la muerte del líder, pues sólo en Casas Grandes hay más de dos mil pozos agrícolas en huelga de pagos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Asimismo, recordaron que la resistencia a pagar a la paraestatal se extiende a todo el país. La gente coreaba la letra de un corrido compuesto a raíz del encarcelamiento de Villarreal, en 2003, e interpretado por el grupo norteño Malcriado: “Funcionarios del gobierno, se acabó su prepotencia/ pues Armando Villarreal los borra con su presencia. /Su movimiento es muy grande, su bandera la justicia,/ al gobierno incompetente, mal le cayó la noticia./ No sólo los campesinos están apoyando a este hombre,/ también la gente del pueblo está mencionando su nombre…” El funeral prácticamente paralizó Nuevo Casas Grandes y municipios aledaños, entre ellos Buena Ventura, Janos, Asención, Galeana, Flores Magón, desde donde se trasladaron miles de productores a bordo de camionetas, tractores, camiones y bicicletas para dar el último adiós a Villarreal Marta. Líderes de las diferentes organizaciones hicieron a un lado sus diferencias para exigir a una voz el esclarecimiento del asesinato y rechazaron, a pesar de que el crimen se perpetró al estilo del narcotráfico, que la víctima haya estado relacionada con actividades ilegales. “Éste es un golpe del Estado contra Armando y una manera de asustarnos a todos. Con él usaron muchas estrategias: intentaron comprarlo, negociar, lo metieron a la cárcel. Este asesinato es la última forma del gobierno para aplacarlo”, dijo Carlos Chávez, dirigente del Comité Pro Mejoramiento del Agro Nacional, organización en la que participó inicialmente Villarreal Marta, pero se separó después de haber sido procesado penalmente y permanecido preso 18 meses. El representante del mismo comité en Guanajuato, Rubén Vázquez, comentó: “Éste no es un crimen simple. Lo planeó y llevó a cabo un especialista. El gobierno tiene la obligación de investigar todas las vertientes”. Vázquez advirtió que otros dirigentes del movimiento agrario en México están en peligro. “Hay persecusión selectiva. Tenemos que denunciar esto ante organismos internacionales”, propuso. También el ex dirigente y actual asesor del Frente Democrático Campesino, José Emiliano García, indicó que desde el gobierno federal se amedrenta a los dirigentes sociales. Hace un año, en una gira del presidente Felipe Calderón por Chihuahua, el propio Emiliano García fue detenido por la Policía Federal Preventiva y encarcelado varios días, acusado de sedición y ataques contra las vías generales de comunicación, por hechos presuntamente ocurridos hace varios años. El féretro del líder asesinado fue trasladado en la plataforma de un tráiler, seguido de cientos de tractores, camiones y automóviles hasta las oficinas de la CFE, donde realizaron una larga protesta. En medio de gritos enardecidos, los dirigentes de Agrodinámica Nacional de Zacatecas, Guanajuato y de otras organizaciones insistieron en que el gobierno federal es el responsable del crimen. “Los recibos de la luz, son infames, son mezquinos/ los sufrimos todo mundo, no sólo los campesinos”, resonaba la letra del corrido. Las elevadas tarifas de electricidad y de otros insumos para el campo han sido la principal bandera del movimiento que llevó a Villarreal Marta a la cárcel hace cuatro años y lo mantenía bajo la amenaza de una nueva orden de aprehensión desde octubre pasado, cuando los campesinos reconectaron la corriente en pozos donde había sido suspendida por la CFE. Una misa de cuerpo presente realizada en el estadio de béisbol volvió a congregar a los pobladores, que llenaron las mil 600 butacas, mientras centenares de personas más permanecían de pie en el campo de juego y en el estacionamiento. A bordo de tractores, maquinaria pesada, autobuses y automóviles particulares, miles de campesinos acudieron al sepelio del dirigente de la Organización Agrodinámica Nacional, Armando Villareal Marta, de cuyo asesinato (perpetrado el viernes) responsabilizaron a los gobiernos federal y estatal Foto: Miroslava Breach.

3 de marzo de 2008

Indígenas Defienden Pinos y Manantiales

Formando Opinión: La Jornada 3 Marzo 2008. Miroslava Breach Velducea. Autoridades ejidales permiten tala ilegal de árboles en zona de aguajes de Baca. Indígenas defienden pinos y manantiales en Chihuahua. Se pretende arrasar con una zona de reserva forestal de 500 hectáreas, afirman inconformes. Tanto Semarnat como Profepa ignoran sus denuncias; demandan intervención del gobernador. Urique, Chih., 2 de marzo. Indígenas de la comunidad Bacajípare, decididos a defender sus manantiales, vigilan el bosque para evitar que se talen los pocos pinos que quedan en la cresta de la Barranca del Cobre, marcados por la directiva del ejido San Alonso para ser derribados. Pobladores de Bacajípare aseguran que desde hace un mes tractores del ejido abren brechas en el bosque para llegar a la zona de los aguajes donde quedan pinos grandes que, según la ley, no deben talarse, para preservar los humedales, que son fuentes naturales de agua que abastecen a decenas de rancherías indígenas. Antonio Gutiérrez Miranda, gobernador indígena de Bacajípare, y Pedro Moreno Carillo, dirigente de los poblados Satérabo, Sahuarabo y Otonchi, del ejido San Alonso, solicitaron al gobernador José Reyes Baeza y a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) investigar el marcaje de pinos localizados en los aguajes que aprovechan decenas de familias rarámuris o tarahumaraas. “Los pinos de los arroyos y aguajes no deben cortarse. Eso acaba con el agua. Luego no vamos a tener de dónde tomar; las mujeres no podrán lavar ni hacer comida”, explicó el gobernador indígena Antonio Gutiérrez, quien ha luchado durante años por que el desarrollo turístico y la explotación forestal en la zona de la Barranca del Cobre no acaben con los manantiales que durante siglos han sustentado a comunidades rarámuris. Pedro Moreno Carrillo, dirigente de rancherías, advirtió que familias indígenas pueden quedarse sin fuentes naturales de agua si continúa el saqueo de pinos en la región. “El suelo se está erosionando. Hace 10 años todo esto estaba lleno de pinos; ahora son cerros pelones. No vamos a tener dónde sembrar nuestras parcelas. De ahí comemos”, comentó. En una carta enviada al gobernador Reyes Baeza, 50 ejidatarios indígenas de San Alonso expresan su preocupación por la intención de talar los pinos, pues la mayoría de los árboles medianos fueron marcados por ingenieros forestales, con base en el aprovechamiento autorizado a la directiva del núcleo ejidal. Acusaron a Manuel Frías Fontes, ex comisariado ejidal y actual secretario de la mesa directiva del ejido San Alonso, de pretender arrasar con una zona de 500 hectáreas, declarada reserva forestal hace 10 años en asamblea de ejidatarios, para aprovechar la madera en un aserradero que posee en el poblado San Rafael, donde se hacen tablas para cercas y cajas. “Manuel Frías es un cacique. Por muchos años ha explotado el bosque. Impone a la mesa directiva del ejido y tiene amenazada de muerte a mucha gente”, aseguraron rarámuris durante un recorrido por una brecha recién abierta para que grúas y camiones saquen los pinos marcados. Sin embargo, están decididos a impedir la tala. A diario recorren los cerros y revisan los árboles marcados. Llevan sogas y cadenas para amarrarse a los troncos. Desesperados porque sus denuncias ante la Semanart y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente no han sido atendidas, solicitaron ayuda a una consultora para hacer llegar su queja a organismos ecologistas nacionales e internacionales. “Los aguajes de las comunidades son escasos y pobres, por eso los rarámuris los defienden y dependen del gobierno para lograrlo”, señaló la asesora María Teresa Guerrero.

29 de febrero de 2008

¿Segregación? ¿Ignorancia? ¿Racisno?

Formando Opinión:
La Jornada 29 de Febrero 2008. Miroslava Breach Velducea. El alcalde panista de Chihuahua dona dos chihuahueños con indumentaria tarahumara. Causan indignación figuras de perros vestidos como indígenas. Exigen que se las lleven e interponen denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Las efigies, parte de la exposición Dog parade, son “una falta de respeto”, advierte una ONG. Urique, Chih., 28 de febrero. El presidente municipal de Chihuahua, el panista Carlos Borruel Vaquera, provocó la indignación de los indígenas que viven y trabajan en el mirador de las Barrancas del Cobre al donar dos figuras de perros chihuahueños vestidos a la usanza tradicional, las cuales fueron colocadas en supuesto homenaje a los pueblos indios del estado, sus usos y costumbres. Una representa a una madre indígena con vestimenta tradicional y un cachorro a la espalda, de la misma forma en que las rarámuris (o tarahumaras) llevan a sus hijos. La otra tiene una collera y está pintada del modo en que los indígenas se decoran el cuerpo para danzar en las ceremonias religiosas de Semana Santa y actos tradicionales. Las dos figuras de papel maché formaron parte de la exposición itinerante Chihuahua’s Dog parade, organizado por el ayuntamiento de Chihuahua, que las donó al de Urique. Habitantes de Areponápuche, Bacajípare y El Divisadero solicitaron a los gobiernos del estado y municipales retirar las esculturas e interpusieron una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). Para mostrar su indignación por la “humillación” y “falta de respeto a nuestras costumbres”, el miércoles los indígenas colocaron mantas con frases de repudio en El Divisadero, donde se ubica el mirador del Cañón del Cobre, parada obligada de los trenes que recorren la ruta Chihuahua-Pacífico, llenos de turistas extranjeros. En un escrito dirigido a las autoridades estatales, los indígenas dicen: “Queremos que las quiten de este lugar. Para nosotros es un engaño y también es una burla. Los indígenas no queremos que se burlen de nosotros, y cuando lo inaguraron no nos hablaron en nuestro dialecto. “Omar Loya González, alcalde de Urique, estuvo en la inauguración de los perros indígenas. Él, como alcalde, nos tenía que haber dado la información completa con traductor de rarámuri. Pedimos otro tipo de estatuas, por ejemplo un rarámuri tocando el violín; también puede ser un gobernador indígena, pero no un perro vestido de rarámuri.” La protesta del miércoles fue apoyada por decenas de turistas que visitaron el sitio y firmaron un escrito promovido por el sacerdote Javier Ávila, presidente de la organización no gubernamental Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos AC, en el que manifiestan su repudio por “la falta de respeto a la dignidad de la persona, en especial del pueblo rarámuri, por la presencia vergonzosa de las dos estatuas colocadas en El Divisadero”. La noche de este jueves trascendió que el secretario de Turismo del estado, Héctor Valles, ordenó el retiro inmediato de las polémicas estatuas; sin embargo, no se pudo confirmar la versión. Las figuras permanecieron todo el día a la vista de cientos de turistas. Mientras unos firmaban la protesta de los indígenas, mientras otros, divertidos, se tomaban fotografías junto a los animales.