Esta es la imagen de Códice Mendoza donde se representa el glifo de México en el centro del Anahuac

Esta es la imagen de Códice Mendoza donde se representa el glifo de México en el centro del Anahuac
El águila está sustentada en el nopal. La tuna, fruto del nopal, representa el corazón humano, y por lo tanto es una representación de la creencia azteca del sacrificio humano y ofrenda del corazón para garantizar el don de un nuevo día.

18 de marzo de 2008

¿Derechos Humanos Culturales en México?

Formando Opinión: Miguel Ángel Granados Chapa. Copyright © Grupo Reforma Servicio Informativo, fecha de publicación: 16 Mar. 08 Licencia para matar. Esta semana varias ejecuciones de activistas alertan sobre el nivel de violencia que padece el país. La abundancia de armas y la profusión de asesinatos ya no impactan a la sociedad, a pesar de que la cifra de muertos aumenta año con año. En lo que va de este año, 641 personas han sido ejecutadas por la delincuencia organizada. La cifra es 30 por ciento mayor a la del mismo periodo del año pasado, que fue de 427. En aquel entonces apenas comenzaba a desplegarse la estrategia del nuevo gobierno para combatir, más en los medios que en el terreno, la ola de inseguridad creciente en todo el país. Ese incremento revela la ineficacia real del aparatoso embate militar y policiaco. Por eso mismo, en los 14 meses y medio de la actual administración federal han sido asesinadas 3 mil personas en ajustes de cuentas o agresiones del crimen organizado. Son tantos muertos como los que ocurren en países crucificados por guerras intestinas o en la resistencia a la ocupación extranjera. Constituye la décima parte de los homicidios ocurridos en todo el continente americano: 300 mil personas mueren cada año por lesiones intencionales o no intencionales, según dijeron los ministros de Salud reunidos en Mérida esta semana. En toda América, la abundancia de armas y el alcoholismo cuentan entre los factores que han hecho de los homicidios por lesiones la cuarta causa de defunción. México no escapa a esa circunstancia general. Pero hay aquí una condición específica, la impunidad, una suerte de implícita licencia para matar, que da pábulo al crecimiento del número y gravedad de las ejecuciones. Es excepcional el caso, si hay alguno, en que los autores de crímenes cometidos por la delincuencia organizada son detenidos y sujetos a proceso. Con toda su trascendencia, el dato parece importar poco a la sociedad en general, preocupada y aun angustiada por ganar el pan de cada día, o distraída en ocios onerosos o en sueños de disfrutar de ocios onerosos. Pero el crimen impune no reconoce cotos, no se detiene en el territorio sustraído a la soberanía estatal donde actúan las bandas de matarifes. Un riesgo ya actualizado es que las víctimas de la violencia letal sean ultimadas en castigo a su activismo político y social. Sólo esta semana ocurrieron cuatro homicidios de esa naturaleza, que son pocos para indicar una tendencia, pero son demasiados al concentrarse en unas cuantas horas en regiones distantes del país. Tres de esos crímenes acontecieron el miércoles pasado, cerca de Córdoba, Veracruz, los dos primeros, y en la carretera mexiquense Chamapa-Lechería el tercero. En esos casos, las víctimas viajaban a bordo de sus vehículos y sus verdugos emparejaron los suyos para ultimarlos a balazos. El cuarto episodio tuvo lugar anteayer viernes, en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. El dirigente cañero del ingenio El Potrero, Antonio Gallardo Olayo, y el comisario ejidal Néstor Reyes, de la congregación Venta Parada, municipio de Atoyac, Veracruz, fueron baleados y muertos cuando viajaban a Córdoba. Los acompañaba una joven secretaria que resultó gravemente herida. El vehículo en que viajaban recibió 40 impactos, de los que 17 se destinaron a acabar con Gallardo Olayo, que manejaba su camioneta. Gallardo Olayo había fundado hace poco la Unión de Abastecedores y Productores de Caña en la región de influencia de esa fábrica de azúcar, tras haber salido de la organización cañera cenecista en la comarca, dominada por el diputado federal priista Daniel Pérez Valdez. A partir de la vigencia de la ley que rige la producción y el suministro de caña de azúcar, la representación de los cañeros se ha vuelto un privilegio y un problema. Dos grandes agrupaciones, afiliadas una a la Confederación Nacional de Propietarios Rurales, y otra a la Confederación Nacional Campesina, ostentan la representación de casi todo el campo cañero. La ley permite la organización de núcleos independientes, que deben satisfacer requisitos las más de las veces inabordables, por lo que muy pocos grupos que lo intentan consiguen su independencia. Gallardo Olayo, en un tiempo cercano a Pérez Valdez, había roto políticamente con él y se empeñaba en la creación de su propia unión cañera. La noche del propio miércoles, el abogado Fernando Mayén Sánchez fue asesinado mientras se dirigía a su domicilio en Atizapán de Zaragoza. Al día siguiente se realizaría una diligencia ante el Tribunal Agrario, central para la causa que desde un año antes era uno de los asuntos más importantes en la cartera del litigante. Mayén defendía a los comuneros de San Luis Ayucan contra un particular que pretendía derechos sobre terrenos de la comunidad y contra la empresa Confinam, que en acuerdo con el ayuntamiento de Jilotzingo construía un tiradero, cuyas obras están suspendidas merced a un amparo tramitado por Mayén. Éste había recibido, según comentó a sus familiares y allegados, varias amenazas para que se alejara de este caso. Reforma publicó, el 19 de enero, que el confinamiento de desechos industriales se halla cerca de una zona de manantiales y a menos de cinco kilómetros de la presa Madín (en cuyas inmediaciones fue asesinado el litigante), que surte de agua a los municipios de Atizapán, Naucalpan, Tlalnepantla, Isidro Fabela y el propio Jilotzingo. El viernes un comando armado sorprendió a las puertas de su casa, en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, a Armando Villarreal Martha. De 53 años de edad, Villarreal Martha era miembro del ejido Hidalgo, donde se dedicaba a la fruticultura, pero también era un activista. Encabezó un movimiento para demandar mejores tarifas eléctricas para el consumo agrícola, y en ese empeño, al frente de la Organización Agrodinámica Nacional, tomó una sede aduanal en Villa Ahumada, por lo que en 2002 se le aprehendió y quedó preso durante más de año y medio en Ciudad Juárez. Al quedar libre, se sumó a las protestas de los productores agrícolas contra la plena vigencia del Tratado de Libre Comercio, y fue uno de los miembros de la caravana que desde Chihuahua llegó a la Ciudad de México el 31 de enero. En fechas recientes había realizado un plantón ante una fábrica de petroquímicos en Ciudad Camargo, como protesta por la declinación de esa industria, que va en perjuicio de la actividad agrícola. La CNC, en la que no militaba Villarreal Martha, condenó su homicidio. Recordó que el dirigente "se distinguió siempre por su lucha por los más pobres, al grado de haber padecido la cárcel por esa causa, que ahora provoca su brutal asesinato". Subrayó asimismo la participación del dirigente "en la elaboración de la iniciativa de ley de energía para el campo (y) su lucha por tarifas justas de energía eléctrica en el área rural". En Guadalajara, el jueves pasado ocurrió otro episodio monstruoso, sin que sea claro el perfil de lo acontecido, pues puede ser un asalto de atracadores profesionales, o un caso de ajuste de cuentas entre narcotraficantes y hasta un ataque a la práctica de la abogacía. Un comando armado ingresó en la sede del despacho Rangel García y Asociados y "tras amordazar y maniatar a los litigantes y empleados presentes, los asesinó a balazos. Seis personas murieron allí mismo y una joven pasante de derecho que fue gravemente herida falleció al día siguiente. Sólo sobrevive, con serias lesiones, una secretaria. En el despacho se defendía a acusados notorios, como el general José de Jesús Gutiérrez Rebollo, durante muchos años jefe de zona y comandante de la región militar con sede en Guadalajara, que pasó de ser el principal funcionario en el combate al narcotráfico, el zar antidrogas, a sentenciado por su protección al Cártel de Juárez. Los abogados habían obtenido, apenas un mes atrás, una sentencia favorable al hijo de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, Iván Guzmán Salazar: sólo cinco años de prisión por lavado de dinero. La profusión de armas en todo el territorio nacional, la facilidad con que se desarrolla el contrabando a partir de la libertad de adquisición de toda suerte de armamento en los mercados formales y clandestinos en Estados Unidos son un factor principalísimo de la violencia delincuencial. Pero su causa más eficaz es la impunidad, como no dejaremos de repetir. Esa falta de castigo a los asesinatos engendra nuevos atentados contra la vida. Un distribuidor de droga que no paga a sus proveedores no puede ser llevado como deudor moroso ante la justicia: simplemente se le ultima. Es necesario que esa simpleza al decidir ejecuciones no se traslade al ámbito de la protesta social, del activismo gremial y político o profesional. Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com

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